COLEGIO DE PERIODISTAS DEL PERÚ - Consejo Regional Junín Huancavelica (CPP

PRONUNCIAMIENTO

El Consejo Directivo del Colegio de Periodistas del Perú - Filial Junín Huancavelica, frente a la coyuntura actual en el campo de la Comunicación Social Regional tiene la imperiosa necesidad de expresar su posición, como Persona Jurídica de Derecho Público Interno y como Organismo Representativo de los Periodistas Profesionales.

El Colegio de Periodistas del Perú, tiene entre sus fines, la defensa de la Libertad de Prensa, expresión y difusión del pensamiento en todas sus formas o modalidades. Así mismo, ejercer la representación y defensa de la profesión, también, velar por el cumplimiento de las normas establecidas en su Estatuto, el Código de Ética Profesional y su Reglamento.

Recientemente algunas autoridades y personalidades de nuestra región, han expresado públicamente su disconformidad y rechazo al trabajo de un sector del periodismo, culpan a ese mismo sector de tergiversar sus declaraciones y los actos de su gestión, al extremo que una autoridad intentó cerrar una Fuente de Información, bajo el pretexto de una “cura de silencio”.

Como hemos señalado en el punto uno de este pronunciamiento, como Orden Profesional tenemos como una de nuestras finalidades la Defensa de la Libertad de Prensa y Expresión y también la Defensa Profesional. Es por ello que invocamos a aquellas autoridades y personalidades que quieren hacer “cura de silencio” a no intentar cerrar una Fuente de Información, como es una Municipalidad por ejemplo, ya que se estaría contraviniendo todo el ordenamiento jurídico que nos rige, en un país con un estado de derecho que es sustento de la democracia.

En nuestro país, desde la Constitución Política hasta un conjunto de leyes garantizan la libertad de expresión, el derecho del pueblo a la información, incluso debemos recordar la vigencia de la Ley 27086 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública cuyo desacato ya configura un delito. Señores, la libertad de Expresión y la Libertad de Información implica a su vez el derecho a recibir o acceder a la información. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, también garantiza el derecho a la libertad de expresión y pensamiento.

Indudablemente, como Colegio de Periodistas también tenemos que asumir la defensa del ejercicio correcto de la libertad de expresión, con respeto a la dignidad de la persona humana, respeto a los derechos o la reputación. La Constitución política en su Artículo 2do., inciso 4to., dice: Toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la imagen, sin previa autorización, censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de Ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común”.

La libertad de Prensa y Expresión no se condice con injustificados atentados contra la intimidad personal y familiar o lesivos para el honor. Nuestro Código Penal tipifica como delitos contra el honor a: La difamación, la calumnia y la injuria. Nosotros rechazamos la falsa valentía y la malcriadez en el ejercicio de periodismo. Conceptuamos que el periodista debe ser un profesional probo, defensor de las causas justas, con demostrada vocación de servicio, fiscalizador, enemigo de la corrupción, éticamente sano, defensor de las libertades democráticas y de los Derechos Humanos. Profesional que pregona la vigencia de los Valores en nuestra sociedad.

Por ello, alertamos a las autoridades y a la comunidad entera, a no dejarse sorprender por aquellos personajes ajenos a nuestra Orden Profesional, que han hecho de su actividad una forma de negocio, que con altanería creen tener “poder”. Estamos en una Democracia con estado de derecho y tenemos un ordenamiento jurídico que protege a la persona humana. Instamos a no tener el temor de denunciar a estos personajes que denigran nuestra profesión, debemos tener el coraje de señalar con claridad a quienes vulneran la libertad de expresión y fácilmente de manera irresponsable cometen delitos que la ley castiga. El Colegio de Periodistas tiene un TRIBUNAL DE HONOR que sanciona a sus miembros que incumplen el Código de Ética Profesional.

El Colegio de Periodistas del Perú Filial Junín Huancavelica, ha iniciado una cruzada para renovar y reconceptualizar la función social y profesional del periodista. Queremos que la sociedad conozca al verdadero profesional que hace del ejercicio periodístico un apostolado y un instrumento de transformación social. Debemos contribuir al restablecimiento de los valores humanos en nuestra sociedad, ejercer el periodismo como la más noble de las profesiones, para educar, orientar, crear corrientes de opinión, y contribuir a la formación de una adecuada opinión pública.

Invocamos el apoyo de todos los medios de comunicación, para construir y no destruir, para fiscalizar y no insultar, para respetar el derecho ajeno y con auténtica valentía, sin malcriadez, denunciar la corrupción y la inmoralidad. El medio de comunicación debe estar identificado con el derecho que tiene el pueblo a la información, con un periodismo limpio, sobrio, bien informado, ético y profesional. Necesitamos un medio de comunicación comprometido con su sociedad, con su desarrollo, con su bienestar, que contribuya con la educación de su población. No queremos un medio de comunicación que “no se identifique, ni solidarice con lo vertido en sus programas”, como empresa de comunicación social también tiene el sagrado deber de contribuir con la recuperación de valores en nuestra comunidad.

El Colegio de Periodistas del Perú Filial Junín Huancavelica recuerda a las autoridades del sector público y privado la vigencia de la Ley 24898, cuyo Artículo 1ro. dice: “Los jefes de información, los agregados de prensa y los periodistas que prestan servicios en el sector público, gobiernos locales, organismos descentralizados, incluyendo a las empresas del estado, sean estas públicas o mixtas, deben ser necesariamente PERIODISTAS COLEGIADOS”. Esta Ley fue promulgada el 18 de octubre de 1988, en el gobierno del presidente Alan García Pérez.